Fiscal, Contable y Nómina31 marzo, 2020

Permiso retribuido recuperable y otras novedades

Antonio Benavides, abogado, graduado social y exinspector de Trabajo y Seguridad Social, ha analizado los Reales Decretos 9/2020 y 10/2020, publicados los días 28 y 29 de marzo, respectivamente, en los que se recogen medidas con alto impacto social, como el permiso retribuido obligatorio y recuperable para todos los trabajadores hasta el 9 de abril, a excepción de los servicios esenciales.


Benavides desgrana en este vídeo el Real Decreto 9/2020, publicado junto con otras medidas recientes por el coronavirus, en el que se establece una modificación en relación con la extinción de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor, tanto por la vía del despido colectivo como objetivo.

En este sentido, la extinción por estas causas no estará justificada, lo que, según Benavides, implica que si hay una impugnación judicial por parte de la persona trabajadora, la calificación sería improcedente o nula.

Por otro lado, la afectación no aplica en supuestos como la ineptitud sobrevenida, la falta de adaptación al puesto de trabajo o los despidos disciplinarios. Tampoco hay alteraciones en relación a los supuestos del artículo 49, como puede ser el fallecimiento, la jubilación o la incapacidad del empresario, u otras causas de extinción que pudiera delimitar este artículo.

Afectación de los ERTE en la contratación temporal y duración de su aplicación

Este Real Decreto también especifica la casuística de la contratación temporal, que regula el artículo 15, ya sea por obra, eventualidad, interinidad, formación o relevo temporal. En el caso de que la vigencia del contrato hubiera prescrito en situación de estado de alarma y haya sido afectados por un ERTE por fuerza mayor o causa económica, técnica o productiva, la duración de dicho contrato se ampliará conforme a la propia duración del estado de alarma. Este periodo, por lo tanto, no computaría en cuanto a los plazos máximos de duración, periodos de referencia de los contratos ni efectos de encadenamiento de contrato.


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El decreto también incluye una novedad importante por su impacto con las competencias autonómicas de regulación de expedientes de ocupación. Según la norma, estos expedientes de regulación empleo por fuerza mayor tienen como límite el 11 de abril, fecha de la finalización del Estado de Alarma, por lo que invadiría competencias de la autoridad autonómica, que ya podría incluso haberlos tramitado.  

Permiso laboral obligatorio: afectación y excepciones  

Por lo que al Real Decreto 10/2020 se refiere, regula un permiso obligatorio y retribuido para ampliar el confinamiento de los trabajadores. La norma establece un permiso laboral retribuido desde el día 30 marzo al 9 de abril, inclusive, según el cual el trabajador debe percibir tanto el salario base como los complementos salariales. En su anexo, el decreto lista una serie de excepciones muy amplias con las actividades que pueden permanecer abiertas y a las que no es aplicable el permiso retribuido, como el transporte (con restricciones), los subministro energéticos u otros servicios críticos y esenciales.

Asimismo, este permiso retribuido obligatorio no es aplicable cuando la relación laboral entre trabajador y empresa ya está suspendida por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor o riesgo embarazo o lactancia natural, o bien el trabajador está incluido en un ERTE.

El decreto incluye, además, una moratoria al permiso laboral retribuido de 24 horas para que las empresas puedan realizar las tareas imprescindibles para su cierre.

Otro aspecto destacable es que contempla otra excepción al permiso retribuido obligatorio en los casos en que la presencia de un mínimo de plantilla sea necesaria para asegurar la actividad productiva en un futuro, siempre que no se supere el número de trabajadores de fin de semana o festivo

Este permiso retribuido obligatorio se tiene que recuperar antes de 31/12/20 y empresa y trabajadores tendrán que negociar cómo se recupera.

 


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Tramitación de los ERTE y régimen sancionador

Benavides remarca que la normativa establece que el periodo máximo de duración de los ERTE debe coincidir con la vigencia del estado de alarma y la tramitación colectiva de las prestaciones de desempleo se debe realizar en un plazo de 5 días hábiles.

Hay un régimen sancionador para aquellos casos en los que, a posteriori, inspección de trabajo verifique una falta adecuación del procedimiento de regulación de empleo, pudiendo solicitarse la devolución de cuotas exoneradas e incluso de las cuantías abonadas por el Estado en cuanto a prestación por desempleo.

Se trata, en opinión de Benavides, de un régimen sancionador “bastante en blanco” ya que no se menciona los preceptos tipificadores para estos incumplimientos y se remite a efectos de la ley de infracciones y sanciones en el orden administrativo social. En este sentido, según el experto, el decreto crea “mucha inseguridad jurídica”.

 

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