Fiscal, Contable y Nómina07 abril, 2020

COVID-19: Tratamiento datos personales

La Agencia Española de Protección de Datos a través de su gabinete jurídico publicó hace pocos días un informe que recoge los criterios a tener en cuenta a la hora de realizar tratamientos de datos en el contexto de emergencias sanitarias que estamos viviendo.

Eloi Font, socio de Font Advocats, repasa los detalles de este informe, de especial relevancia en  la actualidad, marcada por la crisis del COVID-19

La Agencia Española de Protección de Datos aclara que el ordenamiento general de protección de datos contiene las reglas necesarias para permitir los tratamientos de datos en situaciones de crisis o de emergencia como la que estamos viviendo.

Ahora bien, dichas reglas no deben utilizarse para impedir u obstaculizar la efectividad de las medidas que adopten en todo momento las autoridades especialmente las autoridades sanitarias.

La agencia considera que la base jurídica de los tratamientos puede ser variada.

En primer lugar, el tratamiento puede ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público.

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También puede ser necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de una persona física. O también puede ser necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a los responsables del tratamiento, como puede ser la que viene de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Además de dichas bases jurídicas para el tratamiento de datos de salud es necesario acogerse a algunas excepciones que permiten levantar la prohibición que con carácter general se impone para el tratamiento de este tipo de datos más sensibles.

Según la agencia podrían agregarse a las siguientes excepciones:

  • En tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones o el ejercicio de derechos en el ámbito del derecho laboral o la seguridad social, como es la normativa de prevención de riesgos laborales.

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  • El tratamiento puede ser necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física si el interesado no está capacitado para dar su consentimiento.
  • En tercer lugar, el tratamiento también puede ser necesario para realizar un diagnóstico médico o una evaluación de la capacidad laboral del trabajador o de cualquier otro tipo de asistencia sanitaria.

Y, finalmente, el tratamiento también puede ser necesario por razones de un interés público esencial o de un interés público en el ámbito de la salud pública, sobre la base del derecho de la Unión Europea o de los estados miembros.

Dicha normativa, en el caso de España, como nos recuerda La Agencia Española de Protección de Datos, puede ser la normativa de salud pública que en el caso de enfermedades transmisibles otorga a las autoridades sanitarias las competencias para poder adoptar las medidas necesarias en situaciones como la actual de especial urgencia o necesidad.

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