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Fiscal, Contable y Nómina08 febrero, 2022

¿Qué es la Directiva Whistleblowing y cómo regula el Canal de Denuncias?

Dentro del cumplimiento normativo para empresas, la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing es una pieza esencial en el ámbito laboral, puesto que obliga, entre otros puntos, a habilitar un Canal de Denuncias interno.  

¿En qué consiste la Directiva Whistleblowing?

El objetivo principal de la normativa es asegurar que cualquier persona trabajadora tenga a su disposición un instrumento que le facilite la revelación de posibles infracciones o irregularidades que puedan estar ocurriendo en la empresa. La Directiva Whistleblowing deja, además, claramente establecida la necesidad de garantizar la confidencialidad del denunciante o alertador. En resumen, se busca promover un entorno más ético en la empresa habilitando opciones de denuncia de conductas ilícitas y, garantizando a su vez, la protección del denunciante (whistleblower, en inglés).

imagen post Directiva Whistleblowing

Para ello, la Directiva UE Whistleblowing marca determinados aspectos relativos a los ámbitos en los que será de aplicación directa:

  • El canal de denuncias debe permitir recoger las infracciones o alertas relativas a la intimidad personal, seguridad, contratación pública, o cualquier otra situación que se considere irregular. 
  • Habilitar este canal de denuncias obligatorio es de cumplimiento tanto para el sector público como el privado, específicamente para las empresas con 50 o más personas trabajadoras
  • Para poder desarrollar esta función, la norma establece que el tratamiento de la denuncia debe cumplir con unos requisitos básicos: se deben designar personas imparciales para poder realizar la tramitación con total garantía de confidencialidad, y para un seguimiento adecuado deberá producirse un acuse de recibo de la denuncia en un plazo de 7 días. Asimismo, existirá un seguimiento del estado de la denuncia y se determina un plazo máximo de 3 meses para su resolución.  
  • La protección de los denunciantes es una base esencial de la norma. En este sentido, se entiende como “denunciante” a la persona física que comunica las infracciones cometidas en el desarrollo de una actividad laboral. 

¿Qué es un canal de denuncia?

La normativa establece que el canal de denuncia es una pieza clave dentro del marco comunicativo de la empresa, para imposibilitar posibles comportamientos irregulares. A modo de ejemplo, se pueden denunciar desde situaciones de acoso laboral a blanqueo de capitales, conductas contra el código ético o contra los procedimientos establecidos de la empresa, etc. 

La confidencialidad es el criterio general que respalda el canal de denuncia, bajo los principios de la Ley de Protección de Datos. Solo podrá tener acceso a los datos el denominado “Compliance Counter”, encargado de realizar la supervisión y seguimiento de las denuncias. A su vez, la directiva 2019/1937 contempla la posibilidad de que se pueda externalizar el servicio. 

¿Qué procedimiento de denuncia se sigue en la Directiva Whistleblowing?

La Directiva Whistleblowing o directiva de protección de denunciantes de corrupción establece los siguientes pasos para el correcto trámite de la denuncia interna:

  • Los canales de comunicación que reciben las denuncias deben haber sido diseñados bajo el principio de confidencialidad y seguridad, para proteger la identidad de los denunciantes.
  • Se debe designar una persona o departamento para que realice la recepción, seguimiento y acuse de recibo de la denuncia. Será la responsable de mantener la comunicación con el trabajador, solicitar más información y realizar el seguimiento.
  • El plazo para dar respuesta no puede superar los 90 días tras el acuse de recibo.
  • El procedimiento de denuncia incluye información expresa y clara ante las autoridades competentes. 

¿A qué empresas afecta la nueva normativa de canal de denuncia?

El mantenimiento de un canal de denuncias obligatorio se hace extensivo tanto para el sector público como el privado, con una serie de matices:

  • Es obligatoria su aplicación para todas las entidades jurídicas del sector público, con excepción de aquellos municipios que tengan menos de 10.000 habitantes o de 50 personas trabajadoras. La normativa incluye la posibilidad de que se puedan agrupar los canales de denuncia aunque exista una diferenciación expresa entre los componentes.
  • La obligación se hace, a su vez, extensiva a las entidades jurídicas de ámbito privado cuyo número de trabajadores sea igual o superior a 50 personas. Existe también la posibilidad de compartir los recursos para aquellas empresas situadas en una ratio de 50-249 personas trabajadoras manteniendo los principios esenciales de confidencialidad y protección de datos. 

¿Cuándo entra en vigor la Directiva Whistleblowing?

El pasado 17 de diciembre de 2021 era la fecha establecida para la entrada en vigor de la nueva Directiva Whistleblowing. Así queda recogido en la Directiva (UE) 2019/ 1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019. Sin embargo, la norma indica un límite temporal según el número de trabajadores: las empresas (sector privado) situadas en el margen entre 50 y las 249 personas trabajadoras, disponen de un “periodo de transición” de dos años, es decir, hasta el 17 de diciembre de 2023. 

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Protección del denunciante y sanciones

La protección de la persona que denuncia la infracción o alertador es uno de los aspectos sobre los que la Directiva ejerce más importancia. Sin embargo, esta protección no es exclusiva para el trabajador que realiza la denuncia del hecho: también ampara al denominado “facilitador” como persona física que asiste al denunciante, terceros que estén relacionados con el mismo, familiares o compañeros que pudieran ser objeto de posibles represalias.

El régimen de sanciones (que puede suponer hasta 25.000 euros por no disponer del canal de denuncia interno) es amplio y abarca a las personas jurídicas o físicas que incumplan el principio de confidencialidad, a aquellas que intenten impedir la denuncia o, posterior a esta, adopten represalias. Por otro lado, también se sancionará a aquellos denunciantes que obren de mala fe, transmitiendo información no verídica. Con ello, se intenta reforzar el principio de ética empresarial, basado en la transparencia.

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