La Ley 11/2021, de 9 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, establece nuevas medidas de prevención y antifraude fiscal. Estos son los puntos más relevantes de la recién publicada normativa para evitar la infracción tributaria.
- Pago máximo en efectivo para evitar el fraude fiscal
- Software de doble uso
- Recargos por extemporaneidad
- Transposición de la directiva antielusión
- Socimi y Sicav: cambios de la ley antifraude fiscal
- Valor de referencia
Tras la correspondiente tramitación parlamentaria, el pasado 10 de julio se hacía pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley antifraude 2021 con entrada en vigor el pasado 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, por la que se establecen normas contra las prácticas y actividades económicas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, así como en la modificación de diversas normas reguladas por la administración tributaria.
Pago máximo en efectivo para evitar el fraude fiscal
La Ley antifraude fiscal determina cambios sustanciales en este punto concreto, sobre todo en lo referente a cuanto se puede pagar en efectivo, estableciendo el límite del pago efectivo.
- En operaciones en las que interviene un empresario o profesional, la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económicas pasa de 2.500 a 1.000 euros.
- El límite de pago en efectivo disminuye de 15.000 a 10.000 euros, para particulares con domicilio fiscal fuera de España.
La ley contra el fraude fiscal modifica el límite establecido hasta el momento en lo relativo al listado de deudores: para aparecer en el mismo, el umbral se reduce del millón a los 600.000 euros. Por otro lado, en esta lista aparecerán también los denominados “responsables solidarios”.
En la línea de limitar los pagos en efectivo y reducir la morosidad, la nueva ley aborda a fondo el concepto de paraísos fiscales, cuya lista se actualizará de manera periódica. Dichos paraísos fiscales se denominan “jurisdicciones no cooperativas”, y su vinculación es internacional.
Software de doble uso
El BOE del 10 de julio, en el que se publica la nueva ley antifraude fiscal, hace especial hincapié en el software de doble uso.
Dada la relevancia que han alcanzado las nuevas tecnologías, la normativa es exhaustiva al hacer mención a la prohibición de producir, disponer, emplear o comercializar el denominado “software de doble uso”. Dicho software se emplea, bajo el paraguas de diversos programas informáticos, para la manipulación de la contabilidad, por lo que lleva aparejado el ocultamiento de la actividad empresarial.
Los datos contables y de gestión cuentan, bajo el amparo de la nueva ley, con una mayor protección en aras de promover la lucha contra el fraude fiscal. Se establece un régimen sancionador vinculado a los mismos, estableciendo pautas muy concretas relativas no solo a la producción, sino también a la tenencia de los mismos sin la correcta certificación.
Por otro lado, la normativa refuerza el control fiscal de las criptodivisas. De este modo, se establecen obligaciones de información acerca de las operaciones económicas vinculadas a las monedas virtuales.
Multas por usar un software de doble uso
Además, se introduce un nuevo apartado en el artículo 29 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la obligatoriedad de que los programas electrónicos utilizados en los procesos contables, de gestión o de facturación garanticen la legibilidad, conservación, trazabilidad, así como la integridad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros, evitando alteraciones u omisiones de las que no quede constancia.
A pesar de que la reforma entró en vigor el 11 de octubre, aún está pendiente concretar todos los detalles en un desarrollo reglamentario. Las sanciones comenzarán a aplicarse una vez se especifiquen las normas.
El incumplimiento de la ley antifraude conlleva dos tipos de multa: una dirigida a los creadores de los softwares y otra para los usuarios. Las empresas que faciliten este tipo de programas recibirán una multa de 150.000 euros por cada año en el que hayan tenido ventas. Por el mismo periodo de actividad, los usuarios de los programas serán multados con 50.000 euros.
Recargos por extemporaneidad
Uno de los objetivos de la ley es fomentar el pago voluntario, estableciendo modificaciones en lo relativo a las reducciones que se aplican a las sanciones tributarias, así como en el régimen de recargos.
La ley hace una alusión concreta respecto a los sistemas de recargos por presentación extemporánea. El cambio más relevante establece un nuevo método de contabilización. Este se basa en un recargo progresivo que aumenta un 1% por cada mes de retraso, sin contemplar intereses de demora, hasta que hayan transcurrido 12 meses. Una vez cumplidos los 12 meses establecidos a tal efecto, además del devengo del recargo del 15%, se iniciará el devengo de los intereses de demora.
Transposición de la directiva antielusión
Para evitar prácticas fraudulentas que puedan afectar al mercado interior, se adoptan medidas relativas a la directiva europea antielusión fiscal (ATAD), la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y la imposición de salida o “Exit Tax”. De este modo, se refuerza la tributación en nuestro país de rentas establecidas en territorios denominados de “baja fiscalidad”, intentando evitar, así, su deslocalización.
Por otro lado, se pretende que las empresas que realicen un traslado a otro país tributen en España de acuerdo a las bases imponibles establecidas por la legalidad vigente.
La ley añade una modificación de gran calado, como es la prohibición expresa de realizar amnistías fiscales.
Socimi y Sicav: cambios de la ley antifraude fiscal
Ahondando en el concepto de lucha contra el fraude fiscal, la normativa incorpora algunos aspectos que, relacionados con el impuesto de sociedades, abordan los siguientes puntos clave:
- Las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), tributan al 15% por sus beneficios no distribuido.
- Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) establecen nuevos mecanismos de control. De este modo, existe un requisito de inversión mínima de 2.500 euros. Si la sociedad se ha establecido por compartimentos, la inversión mínima será de 12.500 euros. Paralelamente, el número mínimo de socios será de 100.
Por otro lado, se establecen requisitos adicionales en el caso de las Sicav, a efectos de que puedan aplicar un tipo de gravamen del 1%.
Valor de referencia
La nueva ley ha modificado los aspectos relativos al valor de los bienes inmuebles, para evitar que el valor de referencia no sea superior al valor de mercado.
De este modo, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos denominados “patrimoniales”: impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El valor de referencia de cada inmueble se fijará de acuerdo a criterios relativos y objetivos, en función de calidad, antigüedad o estado de conservación. Será establecido por el Catastro siguiendo un procedimiento administrativo que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. En este sentido, el valor de referencia afectará a aquellos que adquieran un inmueble a partir de esta fecha y tengan que realizar tributación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, o bien por el Impuestos sobre Donaciones y Sucesiones.
Hay que indicar que el valor de referencia no es un concepto similar al valor catastral, por lo que la ley no afectará a los impuestos que establecen el valor catastral como su base imponible (caso del IBI, IRPF).
Es importante resaltar que una de las modificaciones más relevantes de la ley afecta al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), con cambios importantes en materia aduanera y grupos de entidades. Entre ellos, destaca la actualización del supuesto de responsabilidad subsidiaria. Con la nueva normativa, se establece que el pago del impuesto será de aplicación a las personas o entidades que realicen su actividad en nombre del importador. Se amplia, por otro lado, la responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda tributaria, que se hace extensiva a quienes ostentan la titularidad de los depósitos no aduaneros, en relación al abandono o salida de los bienes de los mencionados depósitos.
Por último, la normativa se caracteriza por impulsar dos vertientes: por un lado, reducir la litigiosidad de los contribuyentes y, por otro, implementar ajustes que refuercen la lucha contra la elusión fiscal y la economía sumergida.
