El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)es de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo de 2018. Se trata de la normativa europea sobre protección de datos personales que afecta, entre otros, a pymes y autónomos. La normativa deroga la antigua legislación y unifica todas las cuestiones relativas a esta materia en los países miembros.
El objetivo de la Ley es garantizar la protección de los datos personales de las personas físicas, incluyendo mecanismos de seguridad para el tratamiento y la disposición de estos.
A continuación explicamos los aspectos esenciales del reglamento, poniendo el foco especialmente en uno de sus puntos fundamentales: la garantía de los Derechos Digitales.
Los nuevos derechos
Los derechos básicos que se implementaron en la Directiva 95/46/CE (acceso, rectificación, cancelación y oposición) se amplían en el RGPD al añadir los siguientes:
- Derecho a la supresión o al olvido: puede solicitarse cuando se hayan recabado datos para un fin no autorizado, se traten ilícitamente o se retire el consentimiento. Debe aplicarse de tal forma que se supriman enlaces, copias o réplicas de tales datos.
- Derecho a la limitación del tratamiento: puede solicitarse cuando se traten ilícitamente o ya no se necesiten, y debe constar claramente en el sistema como tratamiento limitado.
- Derecho a la portabilidad de los datos: puede solicitarse un archivo en formato estructurado para transmitirlo a otra empresa o país.
Por otro lado, la normativa recoge otros derechos de vital relevancia para las empresas:
- Información explícita: los proveedores de servicios de Internet deben informar a sus usuarios sobre su derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmiten y reciben a través de las telecomunicaciones.
- Los menores y la difusión de sus datos o imágenes en Internet, reciben una máxima protección, siendo posible la actuación del Ministerio Fiscal ante una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales.
Alcance en el ámbito laboral de la GDD
En el ámbito laboral, los derechos digitales toman una relevancia especial en varios aspectos:
- El respeto a la intimidad y uso de dispositivos digitales, por lo que se establecen criterios para la utilización de medios digitales, y en cuya elaboración deben participar los representantes de los trabajadores.
- El derecho a la desconexión digital, respetando el tiempo de trabajo y la conciliación familiar, por lo que se deben establecer criterios (documentarlos y difundirlos) para definir las modalidades de desconexión digital en el trabajo, y las acciones de formación y sensibilización sobre un uso razonable de las herramientas digitales, y en cuya elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.
- El derecho a la intimidad mediante el uso de dispositivos de videovigilancia, informando a los empleados y representantes, sobre el uso de dichos sistemas, dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.
- El derecho a la intimidad mediante el uso de dispositivos de geolocalización, informando a los empleados y representantes, sobre la existencia y características de estos dispositivos.
- El derecho al olvido (también conocido como derecho de supresión en el RGPD) se refuerza en la Ley Orgánica de Protección de Datos, haciendo especial hincapié en el derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de un nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen (entre otros) inadecuados, inexactos o excesivos. Este mismo derecho en los entornos de redes sociales y sistemas equivalentes se refiere a que toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales.
- Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Se reconoce el derecho a transmitir contenidos y datos personales de una red social a otra de forma automática, "siempre que sea técnicamente posible".
El Reglamento, en definitiva, aumenta la responsabilidad y la rendición de cuentas de los responsables del tratamiento a fin de garantizar el pleno cumplimiento de las normas de protección de datos.
Para ello, establece medidas de seguridad, la obligación de designar a un responsable de la protección de datos para garantizar el cumplimiento de la normativa en determinadas organizaciones, y sanciones en caso de incumplimiento.
