Como consecuencia de la situación generada por el COVID-19, son muchas las dudas que se plantean en torno a las prestaciones por desempleo de aquellos trabajadores afectados por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).
En primer lugar, es importante resaltar que los trabajadores afectados por ERTEs -sean de fuerza mayor, sean por causa económica, técnica, organizativa o productiva- acceden a la prestación por desempleo aunque no tengan la carencia exigida de 360 días que establece la ley.
En segundo lugar, este tiempo, semanas o meses que puedan encontrarse en esta situación no va a computar como consumidas a efectos de posteriores prestaciones que se pudieran generar si lamentablemente luego hay extinción de la relación laboral. Esto también se aplica a sociedades laborales y cooperativas, pero en estos casos se establecen los procedimientos específicos aplicables. Hay que indicar que, como filtro, se establece que la relación laboral se tenía que haber formalizado antes de la entrada en vigor, el día 18 de marzo, del Real Decreto Ley que estamos comentando.
Después, hay que tener en cuenta que se remite a las prestaciones por desempleo. Lo primero es plantear que el Real Decreto no hace mención, pero debemos entender que implícitamente se aplican a los topes de desempleo mínimos y máximos, salvo que pudiéramos interpretar que estamos ante una situación excepcional y que no se aplican esos topes de prestación que están en función del número de hijos del beneficiario de esa prestación. La normativa no lo especifica, pero hay esa situación.
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Otra duda que se está planteando es si los administradores sociales asimilados a trabajadores por cuenta ajena del Régimen General pueden tener o no el acceso a esa prestación por desempleo. La respuesta es, inicialmente, que no, porque la prestación por desempleo se vincula a la cobertura que establece el artículo 264 de la Ley General de Seguridad Social. Y en estos casos, los administradores sociales asimilados a trabajadores por cuenta ajena no tienen cubierta esa contingencia.
Hay una particularidad para los trabajadores fijos discontinuos, que no se ven afectados también en los periodos de actividad que puedan suspender a través de estas normas. Y luego se facilita un hecho importante: por un lado, se prevé que el trabajador no tenga penalización si tarda más de 15 días preceptivos que establece la norma para solicitar las prestaciones y, por tanto, que no se le reduzca la prestación en función de ese retraso. En relación con esto, el Servicio Público de Empleo abrió la ventana digital para tramitar las prestaciones de manera telemática.
También afecta a la flexibilización en cuanto a la prórroga de los subsidios asistenciales y también a la no necesidad de aportar la declaración anual de renta a los 12 meses de haberse declarado la situación de desempleo asistencial tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.
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