El empleo de la tecnología en el ámbito jurídico es una realidad que se va imponiendo cada día más. España ha adoptado medidas para impulsar en 2015 el paso hacia la introducción de las nuevas tecnologías en un sector que por su naturaleza está más vinculado que otros a la tradición.
Sería un error hablar de justicia electrónica como un proyecto aislado tradicional, con sus objetivos, presupuestos y fechas de inicio y final. Es mucho más que eso. La justicia electrónica se basa en el concepto de “utilizar las herramientas TIC disponibles para mejorar la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos.” La construcción de la justicia electrónica no finalizará nunca, ya que en el futuro las instituciones y los ciudadanos tendrán que adoptar y adaptarse a nuevas tecnologías hoy desconocidas que puedan ayudar a mejorar la justicia.
En el mundo híper tecnológico del siglo XXI cualquier aspecto de la sociedad está condicionado por las tecnologías TIC. La justicia, como uno de los pilares básicos de la Sociedad y la Democracia no puede ni debe escapar a esta evolución continua, progresiva e imparable.
Por otra parte, la adopción de nuevas tecnologías no está exenta de dificultades. Al lado de las barreras tradicionales, las de tipo económico, técnico y cultural, existen en este caso barreras adicionales, relacionadas con la naturaleza específica de la justicia, o sea las de tipo legal.
Vamos a analizar ahora cuáles son las barreras principales para la difusión de la justicia electrónica en un país como España.
- Barreras económicas La adopción de las nuevas tecnologías supone un coste que alguien tiene que financiar. En el caso de la justicia electrónica el retorno económico de la inversión provendrá principalmente de la reducción de costes de los procedimientos jurídicos, aunque es muy difícil predecir cuántos años o décadas harán falta para recuperar la inversión económica. El principal retorno esperado de la inversión es de tipo social y se debe traducir en mejoras tangibles de la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos. En el caso de los abogados y procuradores las inversiones en tecnología son indispensables para poder mantener la actividad profesional, ya que en un futuro muy próximo la comunicación con los tribunales y la administración de justicia se realizará casi exclusivamente por vía telemática.
- Barreras técnicas Las herramientas que dan soporte a la justicia electrónica son muy variadas y están en evolución permanente. La interconexión y funcionamiento coordinado de todas estas herramientas es un proceso complejo, especialmente para los despachos profesionales que no disponen ni de los recursos ni de los presupuestos de las administraciones de justicia.
- Barreras culturales Existen dos tipos de barreras culturales. La primera está relacionada con el conocimiento y el manejo de las herramientas TIC. Se trata de conocimientos que la formación académica tradicional no suele o no solía, por lo menos proporcionar; por esto muchos profesionales de la justicia y de la abogacía carecen de los conocimientos necesarios para sacar todo el partido posible de las herramientas informáticas. El segundo tipo de barrera cultural está relacionado con los hábitos de trabajo. La utilización de tecnologías TIC implica cambiar procedimientos y costumbres ancladas en el tiempo.
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Barreras legales La credibilidad de la justicia se apoya en la transparencia y la trazabilidad. Cada actuación en un procedimiento judicial está abierta al escrutinio de las partes y de la Sociedad en su conjunto. La incorporación de herramientas TIC afecta de lleno al procedimiento judicial al crear nuevos canales de comunicación y alterar las prácticas tradicionales. Defectos de forma aparentemente insignificantes pueden provocar la anulación de procedimientos judiciales completos. Por ejemplo, la legislación española tuvo que ser modificada para que los jueces pudieran realizar interrogatorios por video conferencia. La evolución de la legislación debe sincronizarse con la adopción de las tecnologías, pero esto requiere acciones coordinadas del poder legislativo, el poder judicial y los equipos técnicos que crean, instalan y configuran las herramientas.
