29 julio 2025: primer gran hito del Reglamento Antifraude:El Reglamento de la Ley Antifraude (RD 1007/2023) establece los requisitos que tienen que cumplir los sistemas informáticos de facturación utilizados en las actividades de empresarios y profesionales para garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, tal como especifica la Ley General Tributaria.
Este proyecto abarca todo el territorio español, exceptuando territorios forales y empresas acogidas al SII. En 2025 se ha publicado el Real Decreto 254/2025, de 1 de abril, que modifica el Real Decreto de 2023 y establece las fechas de implantación por parte de empresas y autónomos, de forma que el 1 de enero de 2026 deberán estar adaptados los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y el 1 de julio de 2026 el resto de empresas y autónomos. Es importante tener en cuenta que, además, a partir del 29 de julio de 2025 los desarrolladores sólo podrán comercializar programas de facturación adaptados. Por tanto, cualquier cliente que empiece a utilizarlos a partir de esta fecha ya deberá cumplir con la normativa.
En concreto, el software de facturación deberá guardar un registro por cada factura expedida y además llevar un registro de los principales eventos que se produzcan en el sistema informático. Esta información se almacenará sin permitir alteraciones y garantizando su conservación, y podrá remitirse de forma voluntaria y automática a la Administración Tributaria desde el propio software, o bien, de no hacerlo, deberá realizarse la firma digital de cada registro que se genere en la aplicación, para que dichos registros queden a disposición de la AEAT en caso de solicitarlo.
Las soluciones de Wolters Kluwer se adelantan para que puedas prepararte a la obligatoriedad: primera versión adaptada a la normativa ya disponible.
Antes del 1 de enero de 2026 (contribuyentes del IS), y del 1 de julio de 2026 (resto de empresas y autónomos), las empresas obligadas a hacer facturas y que utilicen software para ello deberán utilizar una solución adaptada:
Registro de facturación
A partir de la entrada en vigor de la normativa, el software de facturación utilizado por las empresas deberá estar adaptado a los requisitos del Reglamento y generar un registro de facturación para cada alta o anulación de facturas expedidas.
Asimismo, deberá garantizarse la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, e inalterabilidad de los registros de facturación.
Envío automático de los registros
El contribuyente tiene dos opciones:
Registro de eventos
El software de facturación también deberá guardar un registro de eventos, independiente del de facturación, que capturará determinadas interacciones con el sistema para disponer de la trazabilidad de lo que se hace en el programa informático.
Este registro no podrá ser alterado y deberá conservarse hasta prescribir las obligaciones tributarias.
| Reglamento Sistemas Informáticos de Facturación (Ley Antifraude) | Reglamento Facturación Electrónica (Ley Crea y Crece) | |
| Objetivo | Evitar el fraude fiscal | Reducir la morosidad |
| Ámbito |
Empresas que emitan facturas y utilicen un SIF (excepto SII / Régimen Floral). Fabricantes y comercializadores de SIF |
Empresas que realicen operaciones con empresas o profesionales localizados en territorio español. |
| Contenido | Generar un registro de facturación por cada factura garantizando la inalterabilidad, integridad, conservación, etc. | Emitir y recibir facturas en formato electrónico, comunicar el estado de la factura y el pago total. |
| Sanciones |
Empresas: hasta 50.000€ por ejercicio. Fabricantes y comercializadores: 150.000€ por ejercicio. |
Empresas: hasta 10.000€ |
| En vigor |
Fabricantes y comercializadores: 29 de julio de 2025. Contribuyentes Impuesto Sociedades: 1 de enero 2026. Resto de empresas y autónomos: 1 de julio 2026. |
Pendiente Real Decreto |
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Los obligados tributarios deberán estar adaptados a la normativa antes del 1 de enero de 2026 (contribuyentes del Impuesto de Sociedades), y antes del 1 de julio de 2026 (resto de empresas y autónomos), según ha quedado regulado en el Real Decreto 254/2025, de 1 de abril.
La normativa aplica en todo el territorio español (excepto País Vasco, Navarra, y empresas acogidas al SII), y afecta a todos los contribuyentes que utilicen sistemas informáticos de facturación y que sean:
La comunicación de los registros de facturación a la AEAT es voluntaria. El contribuyente tiene dos opciones:
Afecta a todas las empresas y profesionales que emiten facturas mediante lo que el Reglamento considera que es un sistema informático de facturación, es decir, cualquier sistema de software y hardware que se use para emitir facturas y que permita admitir, conservar y procesar la información de facturación.
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Según el Reglamento, se considera sistema informático de facturación al conjunto de hardware y software utilizado para expedir facturas y que permita:
Lo son si se utilizan para admitir, conservar y procesar la información de facturación. Por lo tanto, si lo son, deberán cumplir los requisitos que establece este Reglamento, lo que implica tener un sistema adaptado.
Una factura es un documento expedido por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad que refleja una entrega de bienes o prestación de servicios.
La normativa española, en concreto el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, habla de dos tipos de facturas:
El “ticket” no existe. En realidad, el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación habla de factura simplificada.
Sí, el incumplimiento de los requisitos por parte de empresas y autónomos se sancionará con multas de 50.000 euros “por cada ejercicio, cuando se trate de la infracción por la tenencia de sistemas o programas informáticos o electrónicos que no estén debidamente certificados, teniendo que estarlo por disposición reglamentaria, o se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados”.
En el caso de los desarrolladores y comercializadores de software, serán multas de 150.000 euros “por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o programa informático o electrónico que sea objeto de la infracción”. Además, “se sancionarán con multa pecuniaria fija de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado en el que se produzca la falta del certificado”.
No está previsto.
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La aprobación de la Ley Crea y Crece trae consigo, entre otras medidas, la obligatoriedad de la factura electrónica para todos los intercambios entre empresarios y profesionales. De esta manera se quiere garantizar mayor trazabilidad y control de pagos, con el objetivo final de evitar la morosidad.
Wolters Kluwer organiza un ciclo de jornadas presenciales y online para entender los cambios que implican la Ley Antifraude, la Ley Crea y Crece y la futura obligatoriedad de la facturación electrónica.
Con las ponencias de:
Javier Hurtado
Inspector Adjunto a Jefe de Área ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude)
Francesc Nuñez
